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Publication

8 March, 2010

Declaración de la La Sociedad Civil ante la Catástrofe y Reconstrucción

Ante la situación que vive nuestro país tras el terremoto, informamos que diversas redes de ONGs, organizaciones sociales, federaciones de estudiantes, medios de comunicación comunitarios y organizaciones internacionales se han articulado y se encuentran movilizadas para seguir trabajando en conjunto con las comunidades afectadas y recoger sus necesidades de urgencia inmediata así como las de reconstrucción de sus localidades.

Las comunidades sufren en este desastre las consecuencias acumuladas de la desigualdad y la pobreza, de la privatización de los servicios básicos, de la desprotección social y los procesos de individualización y mercantilización, de la centralización política y administrativa, de la falta de probidad de un sector empresarial irresponsable y sin fiscalización suficiente por parte del Estado, de la falta de medios de comunicación comunitarios y alternativos y por lo tanto de la vulnerabilidad del actual modelo de desarrollo.

Lo anterior ha impedido que se escuchen las demandas ciudadanas por generar políticas públicas de comunicación, de sustentabilidad ambiental y de participación que contribuyan a una sociedad más inclusiva y menos fragmentada, lo que permitiría enfrentar con menos violencia situaciones de crisis como las que hemos vivido estos días.

Por esta razón, las ONGs reunidas en la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales ACCIÓN y las organizaciones que adhieren a esta Declaración, demandarán al nuevo gobierno implementar un Plan de Reconstrucción que contemple un acabado y completo diagnóstico de las demandas y necesidades de la población de las zonas afectadas.

Este plan deberá tener como centro de sus prioridades el resguardo del bien común y el interés público por sobre el interés privado, la cooperación y el valor de la solidaridad por sobre el individualismo y la competencia, la participación de la ciudadanía por sobre las decisiones centralizadas en los actores estatales o privados, la vida y la protección de las personas y el medio ambiente como valor central y más relevante que el lucro y la especulación.

Las organizaciones de la sociedad civil estaremos atentas y como tareas urgentes nos abocaremos a:

Controlar y fiscalizar a las autoridades políticas y a las empresas que brindan servicios públicos, así como aquellas grandes cadenas de tiendas que se comprometen con ayuda. Consideramos relevante que exista trasparencia en información respecto de la cantidad y la forma en que se entrega la ayuda. Nos inquieta el nombramiento de las nuevas autoridades regionales, dado los evidentes conflictos de intereses que pueden generarse debido a sus vinculaciones a los sectores de la construcción y concesionarias que han tenido responsabilidad en esta crisis.

Acompañar y apoyar la reorganización de las comunidades. En estas dramáticas circunstancias, la ciudadanía organizada ha sido capaz de dar respuestas urgentes, rápidas y creativas a la crisis social en que se encuentran millones de familias. Las más diversas organizaciones, como las juntas de vecinos, los comités de vivienda y sin casa, los sindicatos, las federaciones de estudiantes y los centros de alumnos, los colectivos culturales, las agrupaciones ambientalistas y las ONGs se están movilizando de forma contundente, demostrando las potencialidades de la imaginación y capacidad solidaria de las comunidades. La ciudadanía ha mostrado capacidad de autoorganización en la distribución de agua, alimentos, vestimenta y elementos de abrigo. Este proceso ya ha comenzado a mostrar su fecundidad en los lugares de la tragedia.

Monitorear planes y modelos de reconstrucción para que estos cuenten con la participación de las comunidades locales afectadas. Deberán ser planes que contemplen activamente la participación de la comunidad en la gestión de los recursos estatales y de cooperación internacional destinados a estos objetivos, de manera de que se focalicen en quienes los requieren efectivamente.

Realizar un catastro de los daños y de los impactos ambientales y territoriales y desarrollar un mapeo de las areas de riesgo, especialmente en el borde costero, para que el gobierno los asuma en los planes de reconstrucción.

Denunciar el aumento de precios y situaciones donde el sector privado busque lucrar en esta situación de emergencia. Para ello recogeremos y canalizaremos la denuncias ciudadanas, y propondremos mecanismos de control a la especulación, la corrupción y el enriquecimiento ilegítimo con alimentos, combustible, materiales de construcción, agua y bienes de primera necesidad.

Vigilar y denunciar los intentos empresariales que aprovechándose de esta situación busquen rebajar estándares laborales, despedir trabajadores o pasar por sobre sus derechos. Respaldar a las organizaciones sindicales existentes y ayudar en la organización de quienes no las tienen.

Demandar que la presencia militar y el rol de las FFAA se acote a colaborar con restitución de las cadenas de transporte, telecomunicaciones, energía y salud pública, evitando la militarización de la seguridad ciudadana.

Exigiremos la creación de una nueva institucionalidad para la reacción a las emergencias, con mayor rango y capacidad de reaccionar a nivel regional y descentralizado y de manera coordinada.

La reconstrucción será muy larga y exigirá cambios profundos en la gestión política y en el modelo de desarrollo. Esta catástrofe, junto a la fragilidad, inoperancia y descontrol mostrados por las autoridades públicas, nos indican que debemos reflexionar sobre el modelo de desarrollo y el rol del estado, la sociedad civil y las empresas. Por ello, enfrentaremos una delicada disyuntiva. Este desastre natural puede permitir el comienzo de un proceso de reconstrucción participativo e incluyente, basado en nuevas políticas públicas, que garanticen estándares de de seguridad y derechos, incluso en casos catastróficos como los que enfrentamos en esta situación. Pero también puede ser un momento en que se agudice la profunda desigualdad e inequidad de Chile, que se ha mostrado con toda su brutalidad en esta coyuntura.

DEL PROTAGONISMO DE LA CIUDADANÍA ORGANIZADA DEPENDE LA RESOLUCIÓN DE ESTE ENORME DESAFÍO.

ASOCIACIÓN CHILENA DE ONGs ACCIÓN, integrada por:

Fundación TERRAM, La Caleta Acción Gay, ACHNU, Agraria, Anide, Capide, Casa de la Paz, Ceanim, CEC, Cedem, Cem, Cenda, Centro Ecuménico Diego de Medellín, Ceppac, Cidpa, Cintras, Codeff, CODEPU, Cordillera, Corporación Opción, Corporación Caleta Sur, Corporación El Canelo de Nos, Corporación La Morada, Desarrollo Rural Colchagua, Domos, Eco, Fasic, Forja, Fundación Instituto de la Mujer, Fundación Ideas, Gea, Genera, Gia, Grada, Ilas, Isis, Jundep, Kairos, La Caleta, MEMCH, Movilh, Observatorio Ciudadano, Innovación Ciudadana, Paicabí, Participa, Pet, PIIE, Prosam, Raíces, Sedej, Sepade, Serpaj, Sodem, Sol, Corporación SUR, Sur Maule, Tac, Taf, Tekhne, Territorio Sur, Libertades Ciudadanas.

Otras organizaciones que adhieren:

CHILE SUSTENTABLE

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